• También avalaron el dictamen en materia de simplificación orgánica.
En sesión ordinaria, integrantes de la LXVI Legislatura aprobaron con 23 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones dictamen que prueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con el dictamen, el objetivo es ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y fortalecer la capacidad para proteger a los ciudadanos y garantizar que aquellos que cometen delitos graves enfrenten las consecuencias de sus acciones de manera inmediata.
En su intervención, Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, fijó su postura en contra y dijo que “quieren meter a la cárcel a inocentes en lo que averiguan si son culpables o no. Su justificación para esta reforma es que los delincuentes son tan poderosos que deben meterlos a la cárcel para investigar. La prisión preventiva oficiosa es una herramienta peligrosa en manos equivocadas”.
Mientras que la diputada Mónica Reyes Martínez, de Nueva Alianza, aseguró que se deben hacer ajustes para evitar que los presuntos criminales evadan la justicia durante el proceso penal para proteger a las víctimas y garantizar la reparación del daño, “esta reforma no está pensada desde la injusticia, está pensada para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía”.
Mientras que Marco Antonio Mendoza Bustamante, legislador del PRI, indicó que un sistema es tan fuerte como el eslabón más débil. “Si seguimos parchando la Constitución y si queremos darle un buen rumbo a este país, no se puede hacer a retazos y a pedazos. Hagámoslo con tiempo”.
Paloma Barragán Santos, integrante del grupo legislativo de Morena, aseguró que esta reforma representa un paso firme hacia el fortalecimiento del sistema de justicia y la lucha frontal contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, “entrando en materia esta reforma amplía el catálogo de conductas que ameritan la prisión preventiva oficiosa, incluyendo casos de extorsión y actividades relacionadas con sustancias químicas, drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados; esta decisión no solo responde a una realidad preocupante, también, el compromiso del Estado por proteger a la sociedad de los flagelos que tanto daño han causado a nuestras comunidades”.
De acuerdo con la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, éste es un tema muy importante para las personas que no tienen acceso a la justicia, que son encarceladas “sin siquiera tener derecho a un juicio, porque la prisión preventiva oficiosa es considerada como la medida cautelar más grave que se puede imponer a un acusado, puesto que implica encarcelar a una persona sin que haya sido condenada. El uso excesivo de la prisión preventiva vulnera los derechos humanos y contraviene tratados internacionales”.
José Luis Rodríguez Higareda, legislador de Morena, lamentó que “tenemos en todas las cárceles del país a un gran número de ciudadanos inocentes que están pagando una condena sin estar sentenciados. Algunos con un promedio de más de 10 años, de 15 años, y no les puede dar el Estado mexicano ni siquiera la justicia que cualquier ciudadano merece”.
De Movimiento Ciudadano, la legisladora Karla Perales Arrieta aseguró que la prisión preventiva oficiosa impacta desproporcionadamente a grupos vulnerables. “Hoy en este recinto estamos tratando uno de los asuntos más delicados que se han votado hasta ahora por la implicación tan directa que tiene la vida de las decenas de personas. Esta minuta advierte tres supuestos normativos dentro del catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa”.
Del mismo grupo legislativo, el diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, consideró que la prisión preventiva oficiosa contradice el principio de presunción de inocencia al imponer una pena anticipada a personas que no han sido declaradas como culpables. “Actualmente, más del 44 por ciento de personas en prisión preventiva no tiene sentencia, una clara injusticia para miles de ciudadanos, incluidos personas de grupos vulnerables como mujeres indígenas y adultos mayores”.