Durante la Sesión Ordinaria 176 del Congreso de Hidalgo, la presidenta de la mesa directiva del mes de noviembre, Michelle Calderón Ramírez, dio a conocer el informe de la ley para la Atención, Protección, Visibilización e Inclusión de las personas con la condición del espectro autista del estado de Hidalgo.
En su mensaje, la integrante del Grupo Plural Independiente agradeció al equipo técnico del Poder Legislativo, así como a los presidentes de la Junta de Gobierno, Osiris Leines Medécigo y Julio Valera Piedras, por apoyar esta iniciativa y manifestó que el Congreso de San Luis Potosí desea replicar el modelo presentado en la entidad.
Al continuar la sesión, el coordinador del GPI, Julio Valera Piedras, dio voz a la iniciativa para reformar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. La propuesta, encabezada por las Diputadas Marcia Torres González, Erika Rodríguez Hernández y Michelle Calderón Ramírez, junto con Alejandro Enciso Arellano, tiene como objetivo principal extender el periodo de vigencia de las licencias de conducir, introduciendo la opción de licencias permanentes para automovilistas y motociclistas. Adicionalmente, plantea la reevaluación de los titulares de licencias permanentes cada cinco años, asegurando así la seguridad vial mediante evaluaciones periódicas de aptitudes y capacidades.
Asimismo, la diputada Marcia Torres González presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Hidalgo. Señaló que la propuesta tiene como objetivo ampliar las atribuciones del Consejo Estatal de Prevención del Delito, centrándose en igualdad y equidad de género, capacitación, vinculación y archivos de datos abiertos. Durante la exposición de motivos, destacó el incremento de actividades delictivas y violencia en el país, vinculado a políticas gubernamentales implementadas desde 2007, fundamentó lo dicho al presentar un análisis detallado de estadísticas de homicidios, delitos prevalentes y feminicidios, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención con enfoques transversales y de género. Además, se señala la falta de sistematización de información a nivel estatal, destacando la importancia de generar acervos de consulta para mejorar la toma de decisiones y la transparencia gubernamental.